Monday, March 19, 2012

Las venas abiertas de nuestra democracia


Nuestra generación militante (y también la que no lo es) esta profundamente marcada por lo sucedido a partir del 24 de marzo de 1976 y que se prolongo a lo largo de siete oscuros y sanguinarios años hasta 1983, momento en que, ya deslegitimada la dictadura militar, los argentinos pudimos volver a las urnas y coronar a un presidente constitucional.

Los 30.000 compañeros asesinados que soñaban con un mundo mejor, sin explotadores ni explotados, sin opresión ni miseria, pagaron con su sangre el precio de enfrentar a toda una caterva de corruptos y asesinos, que hoy día los encuentra acorralados bajo la piel de indefensos ancianos y que enfrentan numerosos casos por crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, enjuiciados y sentenciados algunas de las principales figuras militares, como así también en vías de llevar a los estrados judiciales a los responsables civiles del momento sin duda mas negro de nuestra historia, ¿podemos afirmar que en Argentina existe una plena vigencia y respeto de los derechos humanos?. Veamos.

Si bien hasta el momento se salda una deuda histórica con nuestra memoria al enjuiciar y sentenciar a los militares, no podemos olvidar que posterior a la vuelta de la democracia hubo tremendas vejaciones al pueblo argentino que, pese a no tener la misma metodología que se uso en los 70s, también tuvieron consecuencias severamente trágicas. Ejemplo de esto es la miseria planificada llevada a cabo por los gobiernos de Menem y la Alianza (que es una sofisticación del plan de Videla y cia); la tremenda represión de diciembre de 2001 que dejo como saldo decenas de muertos; los asesinatos en la estación Avellaneda en junio de 2002; las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga; la asesinatos a los Qom, a Mariano Ferreyra, en el Indoamericano, a Cristian Ferreyra del Mocase, y la reciente tragedia en Once con el brutal saldo de 51 muertos, solo para mencionar los mas emblemáticos.

Paradojalmente el gobierno se ha adueñado del mote de defensor de los derechos humanos, siendo que en varios de los acontecimientos arriba mencionados les cabe una gran cuota de responsabilidad. Y aun no siendo suficiente con estas tragedias sobre sus espaldas, se sanciona la ley antiterrorista y se conocen más detalles del proyecto X, los cuales son una verdadera reminiscencia a los años más duros de la dictadura. Sin ánimo de ensañamiento, también es menester dar cuenta del accionar de los famosos barones del conurbano, entre los que se encuentra el intendente de Merlo Raúl Othacehe. Esto es ni más ni menos la metodología de derivar recursos del estado nacional para perseguir, difamar y amedrentar a opositores, sean militantes o no. ¿A que época de la historia argentina les suena?

Si logramos entender que la defensa de los DD.HH no se circunscribe solamente a una etapa de nuestra historia, sino que en cambio debe ser nuestra bandera de ayer, hoy y siempre, seguramente estemos en mejores condiciones para crecer cualitativamente y madurar como sociedad, asi como tambien deshacernos de toda forma de censura. Seguramente también podremos prevenir futuras agresiones y que las violaciones sistemáticas a un derecho vital y esencial tengan el repudio de la mayor parte del pueblo argentino.

Saturday, March 3, 2012

El agotamiento del modelo privatizador

privatización

Por Mariano FélizA 10 años de finalizado el proyecto neoliberal, continuamos sufriendo las consecuencias de un proyecto de país excluyente, ahora a través del kirchnerismo.

Energía, minería y ferrocarriles se yuxtaponen como problemas aparentemente aislados que no son más que el resultado de la continuidad de un patrón de acumulación que sostiene las ganancias empresarias sobre la base del saqueo, la entrega indiscriminada de subsidios y la muerte.
La cesión del uso y explotación de las riquezas hidrocarburíferas a las grandes corporaciones privadas continúa en la etapa. Con la creación de ENARSA en 2005 se pretendió legitimar la profundización del uso privado del subsuelo a través de la cooperación público-privada en la explotación de nuevos campos de petróleo y gas en la nueva frontera que incluye la plataforma continental. Parece que el Gobierno no encuentra ninguna contradicción entre la declamada preocupación por la explotación petrolera en Malvinas (y la potencial contaminación ambiental) y la falta de una política pública que garantice el abastecimiento de combustible, en condiciones medio-ambientales adecuadas y en el marco de una política de sustitución del consumo de hidrocarburos por energías más respetuosas de los equilibros vitales del planeta. El Gobierno no es capaz de ver que el creciente déficit energético tiene sus causas en una matriz de producción y distribución de energía en manos privadas y en la ausencia de una política productiva orientada al ahorro de energía.
¿Cómo entender si no proyectos mineros que son altamente dependientes de la energía eléctrica, hasta el punto de ser los principales demandantes en algunas provincias, hoy llamadas mineras? Proyectos que, por otra parte, son alimentados por una combinación de la voracidad del capital transnacional que destruye el territorio, extrae los recursos minerales estratégicos, sin más motivo que financiar las arcas corruptas de las estructuras políticas de algunos socios conspicuos del Gobierno nacional (como el ex-menemista, ex-duhaldista, futuro ex-kirchnerista Gioja). ¿Quién puede entender que la política minera de saqueo del menemismo que fue prolongada por 30 años por la actual fuerza política en el Gobierno nacional pueda ser parte de un proyecto "nacional y popular"? Más bien parece la réplica de la política de enclaves mineros típica del antiguo imperialismo, hoy vestida de estrategia industrial favorable a nuevos socios imperiales (China y Brasil). ¿Puede el Gobierno seguir aceptando la represión abierta de las protestas anti-mineras, bajo la excusa de la provincialización menemista de las riquezas del subsuelo? ¿No es hora de discutir a fondo la propiedad y el uso de esos recursos?
Finalmente, 9 años de una política de transporte de continuación del modelo neoliberal de gestión nos lleva hoy a la tragedia del 22 de Febrero de 2012 en la estación ferroviaria de Once. Casi una década lleva este gobierno de subsidios indiscriminados a empresas privadas que mantienen el sistema de ferrocarriles en pésimas condiciones. Casi una década de continuación de la política de privatización del sistema de transporte público que hoy produce decenas de muertes y centenas de heridos no por "accidente" sino por negligencia de la empresa (que, obviamente, sólo cuida su negocio) y del Gobierno (Secretaría de Transporte, entes reguladores, la propia Presidenta) que prolongan una propuesta de gestión del transporte de pasajeros (y de cargas, agregaríamos) que es insostenible social, económica y ecológicamente hablando.
Las muertes evitables (el incidente mencionado no fue accidente pues es un resultado lógico, esperable, de una política equivocada) y el saqueo insostenible de las riquezas naturales son caras de un proyecto que sostiene la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, privilegiando el interés de los grandes grupos económicos y las grandes transnacionales.
Es hora de terminar con un modelo de gestión que pone en el capital privado expectativas progresistas y transformadoras, mientras que el Estado lo subsidia. Pero, ante todo, es momento de reformular el modelo de uso de los bienes comunes y de los servicios públicos para sacar el control estratégico de manos de las transnacionales y, superando la mera estatización, entregar el control al conjunto del pueblo trabajador.