Por Mariano Féliz. A 10 años de finalizado el proyecto neoliberal, continuamos sufriendo las consecuencias de un proyecto de país excluyente, ahora a través del kirchnerismo.
Energía, minería y ferrocarriles se yuxtaponen como problemas aparentemente aislados que no son más que el resultado de la continuidad de un patrón de acumulación que sostiene las ganancias empresarias sobre la base del saqueo, la entrega indiscriminada de subsidios y la muerte.
La cesión del uso y explotación de las riquezas hidrocarburíferas a las grandes corporaciones privadas continúa en la etapa. Con la creación de ENARSA en 2005 se pretendió legitimar la profundización del uso privado del subsuelo a través de la cooperación público-privada en la explotación de nuevos campos de petróleo y gas en la nueva frontera que incluye la plataforma continental. Parece que el Gobierno no encuentra ninguna contradicción entre la declamada preocupación por la explotación petrolera en Malvinas (y la potencial contaminación ambiental) y la falta de una política pública que garantice el abastecimiento de combustible, en condiciones medio-ambientales adecuadas y en el marco de una política de sustitución del consumo de hidrocarburos por energías más respetuosas de los equilibros vitales del planeta. El Gobierno no es capaz de ver que el creciente déficit energético tiene sus causas en una matriz de producción y distribución de energía en manos privadas y en la ausencia de una política productiva orientada al ahorro de energía.
¿Cómo entender si no proyectos mineros que son altamente dependientes de la energía eléctrica, hasta el punto de ser los principales demandantes en algunas provincias, hoy llamadas mineras? Proyectos que, por otra parte, son alimentados por una combinación de la voracidad del capital transnacional que destruye el territorio, extrae los recursos minerales estratégicos, sin más motivo que financiar las arcas corruptas de las estructuras políticas de algunos socios conspicuos del Gobierno nacional (como el ex-menemista, ex-duhaldista, futuro ex-kirchnerista Gioja). ¿Quién puede entender que la política minera de saqueo del menemismo que fue prolongada por 30 años por la actual fuerza política en el Gobierno nacional pueda ser parte de un proyecto "nacional y popular"? Más bien parece la réplica de la política de enclaves mineros típica del antiguo imperialismo, hoy vestida de estrategia industrial favorable a nuevos socios imperiales (China y Brasil). ¿Puede el Gobierno seguir aceptando la represión abierta de las protestas anti-mineras, bajo la excusa de la provincialización menemista de las riquezas del subsuelo? ¿No es hora de discutir a fondo la propiedad y el uso de esos recursos?
Finalmente, 9 años de una política de transporte de continuación del modelo neoliberal de gestión nos lleva hoy a la tragedia del 22 de Febrero de 2012 en la estación ferroviaria de Once. Casi una década lleva este gobierno de subsidios indiscriminados a empresas privadas que mantienen el sistema de ferrocarriles en pésimas condiciones. Casi una década de continuación de la política de privatización del sistema de transporte público que hoy produce decenas de muertes y centenas de heridos no por "accidente" sino por negligencia de la empresa (que, obviamente, sólo cuida su negocio) y del Gobierno (Secretaría de Transporte, entes reguladores, la propia Presidenta) que prolongan una propuesta de gestión del transporte de pasajeros (y de cargas, agregaríamos) que es insostenible social, económica y ecológicamente hablando.
Las muertes evitables (el incidente mencionado no fue accidente pues es un resultado lógico, esperable, de una política equivocada) y el saqueo insostenible de las riquezas naturales son caras de un proyecto que sostiene la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, privilegiando el interés de los grandes grupos económicos y las grandes transnacionales.
Es hora de terminar con un modelo de gestión que pone en el capital privado expectativas progresistas y transformadoras, mientras que el Estado lo subsidia. Pero, ante todo, es momento de reformular el modelo de uso de los bienes comunes y de los servicios públicos para sacar el control estratégico de manos de las transnacionales y, superando la mera estatización, entregar el control al conjunto del pueblo trabajador.
